La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), que integran periodistas mujeres y varones de 37 países, advierte sobre la creciente escalada de denuncias efectuadas por colegas de Nicaragua, quienes dan cuenta de las graves presiones que sufren quienes no aplauden las políticas del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Según estas denuncias, la administración estatal maneja arbitrariamente los fondos de publicidad oficial, distribuyéndolos entre medios de comunicación “amigos” y asfixia económicamente a aquellos que tienen una política editorial contestataria, lo que ha producido ya numerosos despidos y el cierre de decenas de espacios por iliquidez.
Asimismo, los colegas acusan a miembros del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a funcionarios del Estado, de amedrentar a los propietarios de los medios independientes mediante la amenaza de suspender sus licencias si permiten espacios críticos, obligándolos a cerrar programas conducidos por comunicadores que cuestionan la política oficial.
El caso más reciente, el de la directora y presentadora del Programa “Cómo Estamos” de Televisión, redactora de la revista “Ahora Esteli” y editora del blog “La Esteliana”, Emma Lastenia Amador, integrante de la coordinación internacional de la RIPVG, quien según las denuncias fue obligada a suspender su programa televisivo tras criticar las intenciones reeleccionistas de Ortega, quien según argumentan esta inhibido por la Constitución.
La RIPVG sostiene enfáticamente su defensa de la libertad de expresión, haciendo hincapié en el absoluto respeto y protección que el Estado debe dispensar a todas y todos los periodistas, independientemente de su percepción de la realidad.
No nos parece casual que la compañera Amador –como otras colegas- , sea silenciada compulsivamente en un país donde el Movimiento de Mujeres hace tiempo asume una posición crítica hacia la gestión de Ortega.
Desde la RIPVG, exigimos al gobierno de Nicaragua el cese a la persecucion ideológica y la extorsión económica a quienes son críticos a su gestión, y que por el contrario, adopte en forma urgente las medidas tendientes a garantizar la libertad de expresión, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres periodistas, tradicionalmente postergadas y discriminadas de los medios de comunicación.
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