10.2.11

Novedad en el frente

Iniciativa para la educación superior

Mario Berríos*

Sería injusto, de mi parte, dudar de la buena fe que tienen las actuales autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, por lograr mejoras en la educación superior. El caso es que, con los soplos de nuevos vientos, de renovar todos los procesos: políticos, sociales, reformas amplias de leyes, la modernización del Estado, búsqueda de inversiones a gran escala, entro otros aspectos, también se requiere revolucionar la educación, especialmente el nivel universitario.

Desde hace 20 años, cuando asistía a mis clases en el Alma Máter, soñaba ya con que esa educación fuera mejor, diferente, administrativa por otras estructuras. Desde hace 20 años, a pesar de sentir lo mejor por mi universidad pública, también estimé la necesidad de un cambio, donde la administración dependiera de personas —generalmente de estructuras políticas— alejadas de la propia UNAH. Hoy, 2011, mi anhelado sueño se encuentra a pocos pasos. La iniciativa de ley introducida por el honorable diputado Ricardo Díaz, del ala nacionalista, en una moción con miras a estructurar una Comisión Nacional de Educación Superior, es precisamente también el sueño de millares de compatriotas. Con esa ley, por fin, se puede tener la oportunidad de transformar verdaderamente la educación y abrir espacios, desatascar, de una vez, los tapones que han impedido la aceleración de la modernidad. Las autoridades de la UNAH, por múltiples responsabilidades consignadas en sus obligaciones, no han innovado la propia administración y los planes educativos normales, post-grados, maestrías y doctorados. Pero no es tan importante hablar de lo que no han hecho, si no de lo que se puede hacer a futuro, tampoco hacer suposiciones sobre uno y otro bando en que, desgraciadamente, se han dividido a raíz del proyecto.

Quisiera pensar, en voz escrita, que no se está peleando poder y que, por fin, el fundamento del artículo 160, inciso 3 de la Constitución de la República, donde se consigna que para el funcionamiento de las universidades privadas se crearía una ley especial, la cual 29 años después no se ha ejecutado, por fin puede ser una realidad. Sin duda, la responsabilidad de formar a los nuevos valores, bien puede recaer en diversos centros, no únicamente en la querida UNAH.

¿Cómo ignorar las múltiples trabas que han existido desde hace años, contra las otras universidades? El Consejo de Educación Superior actual, vela únicamente por su propio interés, no por el de todas, desestimando, en muchos trámites, a los demás centros superiores, por tal razón, la iniciativa de ley es urgente. Al mismo tiempo, esa ley plantea la posibilidad de crear un sistema de acreditación nacional, que no sea manejado por ninguna universidad, lo que en la actualidad pretenden las autoridades de la UNAH, imposibilitando el desarrollo de estándares internacionales de parcialidad y coherencia. ¡Aberración increíble!, la presente ley no permite la proliferación de universidades, como si sólo en la capital se puede tener ese derecho de desarrollar otros centros.

Nuestro sistema de educación superior debe centrarse más en solventar problemas y potenciar debilidades, no en taponear reformas urgentes, siquiera para ponernos a 25 años de Costa Rica y Guatemala, porque actualmente estamos a 50 de diferencia. Los plazos —desde que se presenta una carrera hasta que es aprobada— van desde los 3 años en adelante, lo que hace que al aprobarse, va con desventaja contra profesionales en la misma área formados en otros países. Cuando se aprueba una carrera, 3 años después de presentada esos graduandos ya van con una desactualización de por lo menos 4 a 5 años. Cuando se trata de carreras que la UNAH no cuenta, cuesta mucho más que sean aprobadas, pues se da a entender que si la universidad no las tiene, ¿como las va a tener otra, peor las nacientes?, a quienes, a saber porqué razón, se les ve con desdén.

El reconocimiento de títulos para egresados de universidades privadas tarda incluso años, y en caso de que la persona necesite trabajar y le pidan el titulo sellado, le impide laborar, la experiencia de ciertos médicos, la más palpable. Cuando se requiere hacer correcciones a los planes de estudio, son desestimados por una simple coma o tilde, es que la excelencia nuestra, como siempre, consiste es ponerle difícil las cosas al suplicante, eso es conocido como burocracia educativa y estatal. En esa vía, en algunos casos piden hasta estudios de suelo, para ver si el edificio soporta la circulación de personas, en otros, aun y cuando los campus están listos, terminados y esperando la aprobación para iniciar funciones, tardan hasta 3 años o más en certificarlos, mientras tanto no se pueden utilizar las instalaciones, ¡en un país tan pobre!

Pero todavía tienen cuerda, en sus visitas de seguimientos, expresan criterios diferentes a los escritos, afectando y retrasando los procesos. Documentos ratificados en Consejos técnico consultivos, con el voto de aceptación, son irrespetados y desestimados. Pero lo insólito es que —por supuesto entiendo sus múltiples ocupaciones—, de cuando en cuando, un documento está por ser aprobado, entonces ciertos miembros permanentes de la UNAH lo rechazan porque aducen no conocer el texto, a pesar de tener meses en sus escritorios. En síntesis, la UNAH es juez y verdugo, lo que convierte en caminos tortuosos cada iniciativa de las privadas.

La nueva ley para la creación de la Comisión Nacional de Educación Superior, ayudará a superar muchas etapas hacia un mayor avance científico, propiciará la diseminación estratégica de centros en toda la geografía nacional, mejorará la calidad y, de paso, les dará la oportunidad de ser actores de su propio desarrollo. Asimismo, la UNAH podrá seguir gozando de su 6 % y contribuir, en condiciones iguales, a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y el estudio de los problemas nacionales, el nuevo proyecto no le impide seguir cumpliendo esa titánica labor.

* www.marioberrios.net
bufetelegalmb@sulanet.net

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