Soy del criterio que todos los seres humanos debemos ser defensores de la libertad de expresión y prensa, máxima garantizada por nuestras leyes y organismos internacionales de la cual formamos parte y que por tanto sus resoluciones son ley en Honduras.
Esta norma conocida como la Ley de Secretos, sin duda vulnera la libertad de prensa porque oculta y deja al Consejo de Defensa y Seguridad la posibilidad de declarar en reserva, confidencial, secreto y ultrasecreto información que debería conocer la población porque tiene que ver con el manejo de recursos económicos, que con mucho sacrificio paga el pueblo hondureño.
El artículo 5 establece que los secretarios de Estado de Defensa, Seguridad o cualquier órgano en materia de seguridad pueden solicitar ocultar información a los hondureños. Las actuales leyes ya incluyen algunas restricciones para la información realizada a temas de seguridad nacional.
La ley incluso va más allá y establece que cualquier persona a la que llegue información clasificada está obligada a mantenerla en secreto y entregarla a la autoridad, o sea que ahora los periodistas tenemos que hacerles de “orejas” de las autoridades de Inteligencia.
Asimismo el artículo 10 señala que cuando una materia clasificada permita prever que puede llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se les notificará a estos con el objeto que se respete su clasificación, o sea “bozal”, con la advertencia de las acciones penales, civiles y administrativas que refiere el artículo 13.
La ley de Secretos que había sido dejada en suspenso y sorpresivamente apareció publicada en La Gaceta, tiene pendiente el reglamento, el que no se sabe si contemplará otras restricciones para los periodistas y empresas informativas
Extrañamente periodistas y medios de comunicación son los que menos han rechazado esa nueva normativa, pero los sectores de la sociedad civil que se han pronunciado, la consideran como una involución a la transparencia, ya que deja menguada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica (LTAIP).
Las actuales autoridades gubernamentales que han manifestado algún interés en combatir la corrupción, deberían igualmente propiciar la transparencia como una medida para luchar ese “cáncer”, sin embargo ni la misma Casa Presidencial tiene actualizado su portal, tampoco lo hacen muchas instituciones y alcaldías del país, pese a que esa es una exigencia de la LTAIP que incluso contempla multas.
(Debido a que mi colegio no se ha pronunciado sobre la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, quiero dejar sentada mi posición al respecto y no representa la de la organización de la cual soy su vicepresidente. SG).
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