A más de 13 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas, la situación de las defensoras y defensores de los recursos ambientales en este país continúa siendo crítica, con persecución, amenazas de muerte y asesinatos, lo que pone al descubierto la impunidad y la necesidad de revisar las estructuras políticas y judiciales.
Así lo consideraron los testigos y la perito que se presentaron ayer en el XXXVII Período Extraordinario de Sesiones Públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevan a cabo en la Ciudad de México, del 1 al 5 de este mes y que en su primera sesión trató el caso Kawas contra Honduras.
Uno de los testigos fue el hermano de la ambientalista, Jacobo Kawas, quien resaltó la lucha de su hermana por la protección del ambiente y describió el daño que le causó la muerte de su hermana a la famiia, así como al movimiento ambientalista en Honduras.
También rindió testimonio Rafael Sambulá, ambientalista y compañero de Kawas en la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), quién consideró que por muchos años los ambientalistas en Honduras han denunciado ante el Poder Judicial muchos casos que afectan el ambiente, sin obtener ningún resultado a su favor.
Por su parte, la abogada Clarisa Vega Molina, denunció que empresarios, diputados, alcaldes, ministros, así como un ex presidente de Honduras, han tenido denuncias en su contra con claras pruebas, pero se han mantenido en la impunidad que les ha otorgado el Estado.
Destacó Vega Molina que en Honduras la situación ambiental es lamentable y ser ambientalista es un riesgo. Por otro lado indicó que a pesar de la existencia de legislaciones de protección ambiental, estas no se respetan y hay una permisibilidad a diversos proyectos, aunque estos afectan gravemente, entre otros recursos, zonas de reserva y ríos.
Consideró que existen dos obstáculos principales para que se brinde protección al ambiente en Honduras y a los defensores de éste son los altos niveles de impunidad y la existencia de grupos económicos poderosos intocables con intereses en la explotación de los recursos naturales.
El caso de Blanca Jeannette Kawas fue presentado ante la CIDH el 13 de enero de 2003 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la compañía de Jesús de Honduras (ERIC), debido a su asesinato, ocurrido la noche del 6 de febrero de 1995 en el centro de Tela, así como por la falta de diligencia en la investigación, sanción a los responsables de su muerte, la obstrucción de justicia y la falta de reparación de daños a sus familiares.
Uno de los principales sospechosos por haber ordenado la muerte es un coronel del Ejército, también se acreditó la participación del sargento Ismael Perdomo, quien obstaculizó las investigaciones.
La demanda tiene como objeto que la CIDH declare que la República de Honduras es responsable por la violación del derecho a la vida de Kawas, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Sobre Jeannette Kawas
Las actividades de Jeannette Kawas como ambientalista iniciaron con la protección de las reservas naturales de la región de Tela en 1989, conformando la Asociación Hondureña de Ecología, considerada la primera asociación ecológica de la región.
A partir de 1990, Kawas creó la Prolansate, cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela, a través de la conservación del ambiente y los recursos agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concientización ambiental y el cambio de políticas en el manejo sostenible de las áreas protegidas.
Entre los logros de Kawas destacan la aprobación en 1994 de un decreto mediante el cual se le da a Punta Sal (gráfica) la categoría de parque nacional, el cual después de su asesinato lleva su nombre y la aprobación por parte del Ministerio de Educación Pública de un programa de Bachillerato en Ecología y Medio Ambiente, el cual imparte el Instituto Triunfo de la Cruz, en Tela.
El asesinato de Kawas se da ante las diversas denuncias en contra de intentos de varias personas y entidades privadas en apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación de las lagunas y la depredación de los bosques de la región.
Dos días antes de su muerte, Jeannette Kawas encabezo una manifestación de protesta contra la iniciativa estatal de otorgar títulos de propiedad a algunos campesinos y empresarios agrícolas en las Reservas de Punta Sal. La dirigente indicó ahí que grupos estaban interesados en obtener las tierras para venderlas posteriormente a inversionistas extranjeros que pensaban explotar la zona.
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