Con el pretexto de preocuparles la estabilidad laboral de jueces y magistrados del país, la oficialista Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, trajo a la capital a más de 100 funcionarios judiciales, para utilizarlos en apoyar la reelección de la actual Corte Suprema de Justicia, CSJ.
Llegaron a Tegucigalpa procedentes de las regiones Occidente, Centro-Oriente, Litoral Atlántico y Norte de Honduras, desde el domingo 18 de enero. La mayoría desconocía que el verdadero objetivo de la mencionada Asociación era utilizar su firma para enviar al Congreso Nacional un documento donde manifestaran el apoyo al listado de la Junta Nominadora, pero a la vez la reelección.
El presidente de la organización afin a la presidenta de la CSJ, Vilma Morales, informó a los presentes que se trataba de una Asamblea Extraordinaria y presentó una agenda.
Adelantándose a cualquier debate que pudiera surgir, la noche del domingo, los directivos delegaron en los presidentes de los capítulos de abogados una supuesta consulta para saber qué pensaban los togados sobre el hecho de que la Asociación asumiera su posición apegada a la reelección de magistrados y magistradas de la CSJ.
Señalaron que en la Ley de la Junta Nominadora no hay ningún artículo donde se establezca que los miembros de la CSJ deban someterse a la Junta Nominadora.
Enseguida se anunció que los presidentes de los capítulos expondrían la posición de sus afiliados con respecto al planteamiento de la Asociación. Pasaron uno por uno coincidiendo en respaldar el documento, no así el capítulo Sur, que a través de su presidenta manifestó que la posición era de no inmiscuirse en ese tema pues lo que interesaba era la estabilidad laboral de sus miembros.
Aunque invocaron a cada momento una democracia efectiva y tolerancia al disenso, al conocer de esa posición del Capítulo Sur, le llamaron a rectificar en reiteradas ocasiones y le manifestaron que los funcionarios del Poder Judicial eran sociedad civil también por lo que deben contribuir a la democratización de la justicia.
La presión culminó en retractarse de la posición por parte de la presidenta del capítulo Sur, argumentando que no había sido entendida, pues sus afiliados apoyaban la reelección, pero no que el documento saliera a la luz pública, pues se necesitaba ser cautelosos. (Con información de la Asociación de Jueces por la Democracia).
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