Dirigentes deportivos y políticos hondureños forman parte de los beneficiarios de una red que mediante la falsificación de documentos, se habría dedicado a vender dispensas fiscales para la importación de vehículos.
De acuerdo con un reporte del semanario El Libertador, la denuncia sobre el presunto tráfico de dispensas fue presentado ante el Ministerio Público por el director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Armando Sarmiento.
El funcionario explicó que los movimientos irregulares fueron detectados hace algunas semanas, por lo que se procedió a recabar la información necesaria para que dilucidar el caso y sentar las debidas responsabilidades.
Entre los las personas que se habrían beneficiado de las acciones irregulares, figura el presidente del Club Motagua, Pedro Atala y el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Arturo Corrales.
Los informes de la DEI señalan que la empresa distribuidora de vehículos Corporación Flores vendió cerca del 60 por ciento de los automotores que entraron al país exentos de impuestos mediante la falsificación de documentos.
El secretario general del Ministerio de Finanzas, Alan Pineda, aseguró que desde cerca de un año descubrieron ciertas irregularidades en el uso de las dispensas fiscales y mencionó que varios ex empleados de la institución estarían implicados en el caso.
Como parte de las acciones judiciales, El Libertador señaló que varios de esos vehículos fueron decomisados a personas como Rodrigo Midence Laínez, primo del ex presidente de Honduras Ricardo Maduro y a los dirigentes Mario Pineda del opositor Partido Nacional y a Pedro Servellón, del gobernante Partido Liberal.
El reporte consignó que el uso de la documentación falsa permitió a algunos de los involucrados la evasión del pago de hasta 12 mil dólares en ciertos vehículos de lujo.
Las leyes hondureñas autorizan las dispensas para el ingreso de vehículos a los diplomáticos, iglesias y organizaciones privadas de desarrollo, entre otros organismos, y requiere de todo un estudio para valorar su entrega.
Algunos de los que adquirieron automóviles con las dispensas falsificadas dijeron ser “compradores de buena fe”, pero sólo podrán recuperarlos cuando paguen los impuestos de introducción.
Sin embargo, de encontrar una actitud dolosa en la compra, los supuestos beneficiarios podrían ser juzgados y se verían expuestos a ser condenados a cumplir penas de hasta nueve años de cárcel.
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