16.6.09

MUNICIPALIDAD SAMPEDRANA LA MÁS DENUNCIADA ANTE FISCALÍA CONTRA CORRUPCIÓN


La municipalidad de San Pedro Sula se ha convertido en la que más denuncias tiene ante la fiscalía contra la Corrupción, según se confirmó ayer.
Unas doce denuncias pesan sobre las autoridades actuales de la alcaldía que preside Rodolfo Padilla Suncery, quien busca la reelección para un nuevo periodo.
Los delitos que se atribuyen son discriminación, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, entre otras.
La fiscal Telma Martínez, que lleva algunas de las denuncias, recordó que algunas ya se formalizaron en los tribunales y otras que están en proceso de investigación.
Entre las denuncias figura la de la alcaldía de San Manuel y La Lima, Cortés porque no se les ha entregado el porcentaje del cobro de peaje que asciende a más de 12 millones de lempiras. La comuna limeña también reclama el pago del porcentaje de impuestos del aeropuerto Villeda Morales.
Asimismo por el abuso en el alquiler de edificios que tienen un costo de 3 mil lempiras mensuales, pero se cancela 35 mil lempiras, confirmó el vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán.
Hay que agregar la denuncia por el otorgamiento de contratos abultados a empleados e iglesias y personas que supuestamente dan el servicio de recolección de desechos, al igual que el excesivo gasto de combustible por parte de los regidores, incluyendo al alcalde Padilla Suncery.
Además el borrado de saldos a contribuyentes, pagos de publicidad y de negocios sucios con empresas de publicidad exterior.
Igualmente la falta de pago de salarios a los empleados y jubilados y los pagos selectivos a asesores y gente de confianza del edil.
La última denuncia que se presentó es porque no sesiona la Corporación, la que según la Ley de Municipalidades debe hacerse al menos dos veces por mes, pero han pasado hasta tres meses sin reunirse.
Para rematar se denunció a la tesorería, departamento de Informática y cooperativa municipal por estafa y abuso de autoridad, ya que no se sabe qué hicieron con el dinero que los empleados habían depositado en esa institucion.

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