Los hondureños están a la expectativa de la solución de la crisis política que enfrenta el país desde el 28 de junio anterior, al restablecerse este sábado las negociaciones con la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Árias.
En Honduras se espera una solución definitiva al conflicto debido a tensión que prevalece en el país, que inicio desde que el depuesto presidente Manuel Zelaya trato de realizar una encuesta con el propósito de implantar una Asamblea Constituyente.
Las posiciones siguen polarizadas, porque los simpatizantes de Zelaya piden su restitución y la posición del presidente en funciones Roberto Micheletti es que esta dispuesto a renunciar, siempre que el depuesto presidente no retorne al poder.
Para permitir el diálogo entre las partes, Estados Unidos ha pedido que el presidente venezolano Hugo Chavez no intervenga, ya que ha venido teniendo un protagonismo, amenazando incluso con una guerra en Honduras que podría extenderse a toda centroamerica.
"No queremos ver acciones que de alguna manera inflamen las tensiones en la región, tensiones que ya son bastante fuertes", señaló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Wood, en rueda de prensa.
El presidente costarricense tendrá una difícil tarea, por las presiones internacionalesque haría la misma Casa Blanca a Micheletti, empresa privada y Fuerzas Armadas, de cancelar visas, cancelación de depósitos fuertes sanciones economicas y ayudas militares, según dio a conocer Daniel Zovatto de la agencia Ansa.
Zovatto incluso ha dado a conocer algunos puntos de las bases del acuero que incluye que el presidente Zelaya debe ser restituido de inmediato. Cualquier arreglo que no incluya una restitución inmediata del presidente Zelaya al Gobierno, iría en contra de las resoluciones de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. Constituiría, al mismo tiempo, como claramente lo han expresado Obama, Lula e Insulza, entre muchos otros, un peligroso antecedente para las democracias del hemisferio americano.
El segundo punto establece que Zelaya debe garantizar que su regreso al gobierno no vendrá acompañado de ningún tipo de revancha. Debe, asimismo, comprometerse a no buscar modificar la Constitución y reiterar que no buscará la reelección.
En tercer lugar, es imprescindible reducir con urgencia la grave paralización de la sociedad hondureña, iniciando de inmediato un proceso de diálogo y reconciliación nacional asistido, si fuere necesario, por la comunidad internacional. Para ello, sería conveniente que el Congreso aprobara una amnistía general (para todas las partes) y que el presidente Zelaya decrete un indulto.
Cuarto: la solución debe garantizar un nivel aceptable de gobernabilidad durante el periodo que aún resta para que Zelaya concluya su mandato. Por ello, y dado que aún faltan cuatro meses y medio para la celebración de las elecciones generales (previstas para el 29 de noviembre de 2009) y casi siete para la entrega del poder al nuevo presidente electo (fijado para el 27 de enero de 2010), las partes podrían negociar un posible adelanto de las elecciones y de la transferencia del Gobierno. Si ello no fuera posible, entonces habría que mantener la fecha de las elecciones y la transferencia del gobierno en las ahora vigentes.
Quinto: debe establecerse un mecanismo, con apoyo internacional, que garantice el seguimiento y cumplimiento de estos acuerdos. Por su parte, el proceso electoral de noviembre debe ser objeto de un proceso de acompañamiento y observación internacional (a cargo de la OEA, ONU y Unión Europea, entre otros), de modo de garantizar su absoluta pureza y credibilidad, con el objetivo de que quien resulte electo goce de un altísimo grado de legitimidad.
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